En Colombia, la efeméride del 9 de abril ha dejado de ser un ejercicio de memoria estática para convertirse en un balance de ejecución estructural.
Con 10.230.330 víctimas reconocidas en el Registro Único, la magnitud del desafío ha exigido una gestión que trascienda la asistencia básica para enfocarse en la transformación de los medios de vida.
De acuerdo con Obar David Redondo, jefe de despacho del Fondo Colombia en Paz (FCP), entre 2022 y 2026 se ha consolidado un modelo de “cumplimiento con dignidad”, donde la reparación no se mide solo en actos simbólicos, sino en hectáreas adjudicadas y mercados conquistados.
La arquitectura de esta implementación, liderada por el FCP desde una óptica de eficiencia técnica, ha puesto el derecho a la tierra en el centro de la reconciliación nacional.
A 2026, el Gobierno ha gestionado 2.586.740 hectáreas para la Reforma Agraria, un hito que redefine la propiedad rural en el país. De este total, 703.000 hectáreas han fortalecido el Fondo Nacional de Tierras —incluyendo 446.000 adquiridas mediante compra directa— mientras que 1,8 millones de hectáreas han sido formalizadas, otorgando seguridad jurídica a familias campesinas y comunidades étnicas que esperaron décadas por un título de propiedad.
Este reordenamiento, que incluye la creación de 19 Zonas de Reserva Campesina que protegen más de un millón de hectáreas, es el cimiento sobre el cual se edifica hoy la soberanía alimentaria del país.
Esta justicia territorial ha tenido un impacto medible en la macroeconomía colombiana, validando la tesis del equipo del FCP sobre la paz como motor de desarrollo.
El sector agropecuario, que en 2024 lideró el crecimiento nacional con un 8,1%, alcanzó al cierre de 2025 una cifra histórica del 13 %, un dinamismo que no se registraba en el país desde 1979.
Esta bonanza, que ha llevado las exportaciones del sector por encima de los 12.700 millones de dólares, es el resultado de integrar a las víctimas en circuitos de productividad sostenible.
A través del Programa Colombia Sostenible, el Fondo ha movilizado 364.030 millones de pesos en 201 proyectos que benefician directamente a 36.428 familias rurales.
La gestión ha priorizado el cierre de brechas de género: el 41 % de estas beneficiarias son mujeres que hoy custodian la restauración de 11.000 hectáreas de bosque y gestionan 164 acuerdos comerciales directos que eliminan la intermediación.
Para Obar David Redondo, la clave ha sido transformar la planeación estratégica en resultados tangibles, demostrando que la protección del medio ambiente es el negocio más rentable para la paz.
El éxito de este modelo de reparación productiva encuentra su expresión más competitiva en la marca PaisSana. Bajo la gestión actual, esta estrategia de certificación ha vinculado a 373 productores que hoy ofrecen un catálogo de 2.416 productos en 25 departamentos.
El crecimiento del 139% en certificaciones durante el último año ha permitido que el cacao, el café y los frutos de las víctimas de territorios PDET y zonas ZOMAC lleguen a las góndolas de Carulla, Éxito y a las rutas de la aerolínea Clic Air.
No obstante, el papel del Fondo abarca también la protección del tejido social futuro. En los 170 municipios PDET, se mantienen convocatorias permanentes para blindar a la niñez frente al reclutamiento forzado mediante inversiones en educación y deporte, mientras se garantiza la infraestructura básica necesaria para la vida rural, como el puente financiado en Chaparral, Tolima, que beneficia a 300 familias víctimas.
Al mismo tiempo, el FCP asegura la financiación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con un enfoque restaurativo, garantizando que los comparecientes reparen el daño directamente en las comunidades afectadas.
Como enfatiza el jefe de despacho del Fondo Obar David Redondo, honrar a las víctimas es cumplirles con tierras, con proyectos y con dignidad, consolidando una Colombia donde la propiedad y la producción sean las verdaderas garantías de no repetición.
El Fondo Colombia en Paz (FCP) es el vehículo financiero creado mediante el Decreto Ley 691 de 2017 para garantizar la eficiencia, transparencia y focalización de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Su función es actuar como el articulador técnico y administrativo de las subcuentas que ejecutan programas en áreas críticas como la Reforma Agraria, la infraestructura en zonas PDET, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la justicia restaurativa, asegurando que los compromisos del Estado lleguen de manera efectiva a los territorios más vulnerables del país.