Bogotá D.C., 19 de mayo de 2026 – El Hotel Hilton Corferias de la capital de la República se convirtió en el epicentro de una discusión profunda e inapelable sobre el rumbo de la Reforma Rural Integral en Colombia.
En el marco del cierre oficial del Programa Colombia Sostenible (PCS), un portafolio de 100 millones de dólares cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y administrado por el Fondo Colombia en Paz (FCP), se llevó a cabo una intensa jornada de rendición de cuentas que congregó a tomadores de política pública, la banca multilateral, la academia, el sector privado y la dirigencia comunitaria.
Bajo la moderación de Mary Gómez, coordinadora de la Unidad Técnica de Coordinación (UTC), los paneles de expertos coincidieron en una tesis estructural: la conservación ambiental y el desarrollo agropecuario no solo son compatibles, sino que constituyen la fórmula técnica y social para estabilizar y pacificar los territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.
El debate estuvo blindado por las métricas de impacto evaluadas por la Universidad de los Andes y una gestión financiera con cero hallazgos por la firma auditora Deloitte & Touche SAS desde 2019.
Los resultados generales del programa certifican la ejecución de 201 proyectos agroambientales en 114 municipios PDET, transformando la vida de 36.428 familias rurales mediante un incremento de hasta el 77% en sus ingresos netos y una reducción drástica del 50% en la inseguridad alimentaria.
El Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, José Luis Quiroga Pacheco, abrió la jornada analizando cómo el diseño técnico del PCS se sintonizó con las prioridades estructurales del Gobierno Nacional, derribando viejos dogmas económicos que divorciaban la productividad del cuidado ecológico.
“Este programa nos ha permitido materializar la posibilidad real de hablar de un desarrollo sostenible desde una perspectiva agropecuaria, que avance de manera armónica con el medio ambiente. Es una muestra de cómo proteger los territorios haciendo un uso soberano y sostenible de los elementos que nos da la naturaleza”, afirmó Quiroga Pacheco.
El alto funcionario enfatizó que la protección ambiental y el fortalecimiento de las economías campesinas, étnicas y rurales no son variables contradictorias, sino interdependientes. “¿A partir de qué certezas hablamos de este fortalecimiento mutuo? Primero, la evaluación del programa nos muestra un aumento real en los ingresos de las poblaciones rurales; segundo, se evidencian notables mejoras productivas; y tercero, deja un robusto fortalecimiento organizativo en las comunidades beneficiadas”.
Para la cartera de Agricultura, el PCS valida la viabilidad de las políticas de tierras en marcha: “Pensarnos en el territorio de manera integral y avanzar desde una perspectiva de desarrollo productivo sostenible implica tener en cuenta todos los elementos allí presentes. Esta es una de las principales apuestas que la Reforma Rural Integral y la reforma agraria, como política de gobierno, han venido impulsando. Encontramos en los resultados de este programa la certeza de que sí se puede hacer, y se puede hacer de la mano con las poblaciones rurales”.
Por su parte, Sebastián Gómez Zúñiga, Coordinador del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz en la Unidad de Implementación, recordó que la paz en Colombia no es un concepto abstracto de escritorio, sino una reconfiguración de la geografía del abandono estatal.
“El Acuerdo de Paz se propuso no solamente como una medida para mitigar la violencia histórica relacionada y vinculada con la tierra en el país, sino esencialmente para garantizar un concepto que estuvo en el centro de la ejecución del Programa Colombia Sostenible: el concepto de transformación territorial. La transformación territorial es el corazón del Acuerdo de Paz”, sentenció Gómez Zúñiga.
El coordinador advirtió que alterar las realidades de exclusión en los territorios PDET exige persistencia institucional y alianzas estratégicas. “Todo proceso de transformación territorial implica esfuerzos perdurables y de largo plazo; debe ser de carácter colaborativo, poniendo en diálogo fluido a las instituciones, la cooperación internacional y a las personas del territorio. Exige nuevas perspectivas de generación de valor que representen alternativas reales de transformación y que garanticen condiciones de soberanía y autodeterminación para las comunidades”.
La ejecución de una bolsa de 100 millones de dólares en las zonas más complejas del país supuso un desafío logístico sin precedentes. Rafael Parra-Peña, Especialista Senior en Desarrollo Rural y Recursos Naturales del BID, elogió la resiliencia técnica de la operación frente a choques externos extremos.
“Algo que logró este programa fue superar retos de gran envergadura. Superó una implementación compleja en medio de la pandemia del Covid-19; superó la crisis de los fertilizantes y la volatilidad de sus precios —llegando aun así con proyectos e insumos reales a terreno—; y sorteó con éxito crisis fiscales y recortes presupuestales. Estamos cerrando un programa donde, gracias al compromiso de los beneficiarios, alcanzamos hitos históricos”, relató Parra-Peña.
El especialista del BID señaló que la mayor lección para la banca multilateral radica en el éxito del enfoque mixto. “Aprendimos el valor del enfoque integral. Tener dos componentes unificados, uno productivo enfocado en la agricultura y otro relacionado con temas ambientales, fue una combinación supremamente exitosa. Lo ambiental y lo productivo van de la mano, no marchan desconectados”.
Parra-Peña también abordó el impacto psicosocial del tránsito hacia la legalidad en las 57.928 hectáreas intervenidas. “¿Cómo introducir economías legales donde históricamente ha imperado la ilegalidad? Los cultivos lícitos y las prácticas sostenibles lograron ingresos; por supuesto, a veces no tan equiparables en volumen monetario inmediato con lo ilegal, pero el hecho de que existan oportunidades reales otorga algo invaluable: la tranquilidad mental y el orgullo de las familias de insertarse en una economía buena. Esa es la lección humana de este programa”.
El rigor metodológico que sustentó los resultados del evento fue analizado por Jorge Higinio Maldonado, Director de Evaluación de Impacto del Programa Colombia Sostenible, quien desglosó los factores que permitieron modificar variables estructurales de pobreza rural.
“Es fundamental reconocer el papel tan importante que juega la asistencia técnica. Desde la academia hemos evaluado diversos programas rurales de diferente tipo—dirigidos a la agricultura tradicional o al retorno de población desplazada— y en todos los casos observamos que la asistencia técnica rigurosa es el factor crítico, porque constituye la conexión real entre lo que se diseña en el nivel central y las comunidades que reciben el beneficio”, explicó Maldonado.
El experto destacó que el PCS deja un patrimonio inmaterial invaluable en las regiones a través de la formación de capacidades. “El componente clave ha sido la formación de capital humano. La capacitación empresarial, la formación ambiental, el entrenamiento en sostenibilidad, finanzas rurales y técnicas de conservación siembran capacidades permanentes en las personas. Es un conocimiento que se queda en el territorio para siempre”.
Maldonado también resaltó la flexibilidad y creatividad de las intervenciones locales. “El equipo en campo mostró una enorme capacidad de innovación a través del desarrollo de prácticas sostenibles, el uso de escuelas de campo, parcelas demostrativas y ejercicios de núcleos adaptados a las condiciones de cada ecosistema local. Todo esto consolidó una comunión estrecha entre los productores, las entidades ejecutoras, los supervisores y los estructuradores, facilitando una multiplicación fluida de los efectos positivos del programa”.
El valor del evento cobró su máxima dimensión al escuchar a las y los líderes comunitarios de las subregiones priorizadas, quienes tradujeron los indicadores macroeconómicos en dignidad cotidiana.
Arcelia Prieto, delegada de la asociación Asoprocanor en el municipio de Teorema (Norte de Santander), alzó la voz para ratificar el potencial del Catatumbo: “El campo colombiano sí tiene el potencial real de construir desarrollo, de edificar la paz y, sobre todo, de ser sostenible desde los propios territorios. El Programa Colombia Sostenible representa para el Catatumbo la posibilidad de fortalecer procesos reales en el terreno y demostrarle al país que sí es posible transitar hacia economías lícitas, sostenibles y con un enfoque de género real”. Prieto concluyó con un llamado a la acción: “Si seguimos articulados entre las comunidades y el gobierno, sumando el respaldo de la cooperación internacional y el sector privado, esta experiencia puede consolidarse como la referencia obligatoria para otros territorios que tanto necesitan la paz”.
Desde el pacífico chocoano, Ricardo Flórez Mosquera, Representante Legal de Asofodema, expuso cómo el programa resolvió barreras normativas históricas en Vigía del Fuerte: “Antes de que llegara el Programa Colombia Sostenible, el aprovechamiento forestal sostenible se venía haciendo de una manera ilegal porque no había una política que le permitiera a las comunidades acceder a los permisos gubernamentales. Una vez llega el programa, se implementa la legalidad, realizamos los inventarios y censos forestales, y esto nos permitió que nos pudieran expedir formalmente nuestros planes de manejo”.
La perspectiva ambiental y el relevo generacional fueron expuestos por Nuris Caro, representante legal de ASICAC: “La gran problemática que tenemos en nuestro territorio es la falta de agua; el programa nos ha ayudado a ser protectores del medio ambiente y en todos los escenarios alzamos la voz proclamando alternativas para mejorar este recurso”.
Caro hizo un crudo pero esperanzador balance sobre la juventud rural: “En el campo y la agricultura casi no hay oportunidades para los jóvenes, pero el territorio necesita de nosotros para que nuestros bosques y la cultura ambiental no desaparezcan. El ecosistema está vulnerado, pero nosotros lo defendemos con orgullo gracias al programa”.
En materia de soberanía alimentaria, Ferney Valencia, integrante del Consejo Comunitario Bahía Málaga, destacó el impacto directo en los hogares: “Gracias a los proyectos agroambientales, podemos llegar a acuerdos de economía y mejorar nuestra canasta familiar. El rol de las mujeres y este balance social ha permitido que la canasta familiar en nuestros territorios mejore ostensiblemente y que la economía local sea mucho más equilibrada”.
Finalmente, Maria Neomice Prieto, lideresa en la producción de Sacha Inchi y frutos amazónicos en el departamento del Caquetá, resumió el sentido de apropiación comunitaria del portafolio: “Este programa nos ayuda, sobre todo a las comunidades que somos las destinatarias de los recursos y de los proyectos, a dejar de ser sujetos pasivos y a sentirnos como los verdaderos transformadores de nuestras propias realidades”.
Un componente diferenciador del PCS fue asegurar el cierre financiero de los proyectos uniendo la producción local con la demanda del sector privado. Juan Andrés García, Director Ejecutivo de MásBosques Colombia, analizó el poder multiplicador de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA): “El tema del pago por servicios ambientales es fundamental; es un instrumento que está permitiendo mejorar activamente las condiciones de las comunidades rurales. Mientras desarrollamos e implementamos estos esquemas de PSA en las regiones, vamos fortaleciendo simultáneamente los instrumentos técnicos y las capacidades de conservación de la gente”.
La viabilidad comercial en góndola fue ratificada por Yeimi Acosta, Gerente de Sostenibilidad de Griffith Foods Colombia, uno de los aliados comerciales estratégicos del programa: “La invitación a las comunidades es a no desfallecer, a seguir creyendo con fuerza en estos proyectos. Iniciativas como Campo Dulce hoy tienen un aliado comercial real donde nos pusimos la camiseta; queremos que Griffith Foods Colombia siga comprando de manera sostenida una parte importante de su producción directamente y sin intermediarios”.
Reforzando esta visión corporativa, Hugo López, Gerente de Innovatik, sentenció que el mercado es el validador final de la conservación: “La sostenibilidad no es negociable. Creo que hay que estrechar aún más el vínculo directo entre los productores rurales y el mercado, elaborando estrategias de desarrollo conjunto. Ahí es donde necesitamos poner el mayor foco, porque allí radica la verdadera sostenibilidad que garantiza, a largo plazo, la mitigación real del cambio climático en los territorios”.
El legado técnico y la exigencia de una Segunda Fase
El cierre político e institucional del evento estuvo a cargo de Mariana Gómez, directora ejecutiva del Fondo Colombia en Paz, quien aprovechó el auditorio internacional para presentar el balance consolidado y lanzar una fuerte defensa de la gestión pública del Gobierno, respondiendo a las narrativas de parálisis institucional.
“Hoy entregamos al país un legado de dignidad. Se ha intentado posicionar en la opinión pública una narrativa según la cual el Gobierno del Presidente Petro no ejecuta o tiene paralizada la gestión pública. Sin embargo, los hechos y la rigurosidad técnica del Fondo Colombia en Paz desmienten cualquier intento de desinformación. La paz en este Gobierno se demuestra con presupuestos ejecutados con total transparencia directamente en el territorio”, afirmó Gómez con contundencia.
La directora enfatizó la transparencia con la que se administraron los recursos del empréstito multilateral. “El Programa Colombia Sostenible es la prueba de una gerencia pulcra. Aquí los recursos no se han asignado ‘a dedo’ ni bajo lógicas clientelistas. Contamos con el respaldo de la firma auditora Deloitte & Touche SAS, que desde 2019 reporta cero hallazgos en nuestros estados financieros, procesos de adquisiciones y sistemas de control interno. Demostramos que el presupuesto público rinde cuando llega directamente a las comunidades”.
Gómez repasó los datos oficiales que marcan el cierre de la operación: la financiación de 201 proyectos agroambientales (164 iniciativas productivas sostenibles, 26 proyectos de conservación y 11 de tipología combinada) y la entrega de 27 obras de infraestructura de alto impacto, que incluyen 10 plantas de transformación, 7 de cosecha y 4 centros de acopio. Esta inversión benefició a 36.428 familias bajo un estricto enfoque diferencial (50% campesinos, 34% indígenas y 16% comunidades NARP), garantizando una participación del 42% de mujeres (15.254 lideresas).
En el plano social, la directora celebró que los ingresos de los hogares aumentaran entre un 60% y un 77%, logrando además un hito histórico en bienestar infantil: “Disminuimos el índice de carencias nutricionales de menores de edad de un indicador de 1.32 a un histórico 0.35. Eso es justicia social real reflejada en el plato de comida de nuestras niñas y niños”.
Finalmente, en la dimensión ecológica, detalló que se intervinieron 57.928 hectáreas, de las cuales 21.000 fueron sometidas estrictamente a restauración y modelos de PSA, logrando que la cobertura de bosque dentro de las fincas de los productores aumentara de 5,3 a 11,2 hectáreas en promedio. “Esto es tejer una verdadera Coalición de Paz con la Naturaleza”, señaló.
Con estos resultados históricos sobre la mesa, Mariana Gómez cerró el encuentro haciendo una solicitud formal ante el BID y la comunidad internacional para abrir una nueva etapa institucional. “Para que esta transformación sea irreversible, no podemos detenernos. El reto de la crisis climática y la consolidación de la paz nos exigen replicar y escalar estos éxitos. Por eso, enviamos un mensaje claro: es el momento de iniciar una Segunda Fase del Programa Colombia Sostenible. El Fondo Colombia en Paz está listo para liderar esta nueva etapa, donde la sostenibilidad y la tecnología se pongan al servicio del mundo laboral rural para asegurar que la Reforma Rural Integral sea un camino sin marcha atrás”.
“La ejecución es real y la paz es imparable cuando tiene raíces sólidas. Sigamos trabajando para que Colombia no esté condenada a cien años de soledad, sino bendecida por una paz eterna con su naturaleza. Con dignidad, cumplimos”, concluyó la directora.