Fondo Colombia en Paz

La visita al proyecto ‘Valle Rural Productivo’ resalta cómo la articulación de las dimensiones ambiental, social y económica, impulsada por el Programa Colombia Sostenible, garantiza la autonomía de las y los emprendedores rurales.

Florida (Valle del Cauca), 6 de abril de 2026 – @Col_Sostenible1

En el marco de una misión oficial de seguimiento a salvaguardias ambientales y sociales, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa Colombia Sostenible (PCS) del Fondo Colombia en Paz (FCP), realizaron una visita técnica al proyecto ‘Valle Rural Productivo’ en Florida, Valle del Cauca.

La jornada permitió validar el cumplimiento de los estándares internacionales que hoy impulsan el crecimiento económico en las regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.

Mary Gómez Torres, coordinadora del Programa, destacó que la iniciativa se ha consolidado como un referente de sostenibilidad al integrar la conservación de la biodiversidad con buenas prácticas productivas y el fortalecimiento de la gobernanza local.

“Buscamos que las organizaciones reciban una formación integral para que sus empresas rurales sean autónomas y financieramente viables, asegurando que los beneficios para las y los productores perduren más allá de nuestra intervención”, señaló Torres.

Entre los hitos más significativos del proyecto destaca la restauración de 220 hectáreas de bosque y la implementación de un esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en 30 hectáreas del Resguardo Indígena Cristal Páez.

La recuperación del ecosistema ha permitido el regreso de fauna silvestre; Robinson Dagua, beneficiario del proyecto, relató que tras la instalación de cámaras trampa, han vuelto a avistar especies como el puma, el oso de anteojos y rastros de jaguar, animales que no se veían en la zona desde hace una década.

Asimismo, la estrategia fortaleció una red de 17 viveros satélites comunitarios, un proceso que vinculó activamente a las y los estudiantes de los colegios locales para incentivar una conciencia ambiental en las nuevas generaciones.

Gabriela Mestizo, coordinadora del Resguardo, subrayó el liderazgo femenino en esta labor: “Somos 25 mujeres, en su mayoría cabezas de hogar y emprendedoras,

dedicadas a recolectar semillas de árboles nativos en vía de extinción para restaurar nuestra madre tierra”.

El modelo productivo se complementa con una cadena sostenible de plátano y banano liderada por las familias asociadas a Asofacasjo, Asoplaf y Asocochochito.

Durante el recorrido, la misión visitó la planta de procesamiento de snacks y derivados, así como las biofábricas de abonos orgánicos construidas con el proyecto.

Para las y los beneficiarios, estas instalaciones representan la materialización de un sueño empresarial. «Esta es nuestra empresa, por la que hemos trabajado para cuidar el agua y los bosques”, afirmó Ana Greis Güegia, representante de Asofacasjo.

Por su parte, José Octavio Cruz, presidente de Asochococito, resaltó el tránsito hacia una agricultura limpia: “Hemos aprendido a trabajar sin químicos y los resultados en la producción ya se ven en nuestras fincas”.

La misión de salvaguardias concluyó que el proyecto no solo cumple con las políticas de protección del BID, sino que empodera a las familias mediante acuerdos estratégicos con aliados como la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla y el Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad.

Sobre el Programa Colombia Sostenible

Es una iniciativa del Gobierno Nacional, ejecutada por el Fondo Colombia en Paz, que cofinancia alrededor de 200 proyectos agroambientales para beneficiar a unas 37.000 familias rurales. Su área de intervención prioritaria son los 170 municipios PDET, con financiación proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo multisectorial de los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Hacienda, el DNP, APC-Colombia y la oficina del Consejero Comisionado de Paz.

Sobre el Fondo Colombia en Paz (FCP)

El FCP es el vehículo financiero creado tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Su objeto, definido en el Decreto Ley 691 de 2017, es garantizar la eficiencia, transparencia y focalización de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final, conforme al Plan Marco de Implementación (PMI).

Ir al contenido